En estas elecciones niños, niñas y adolescentes son primero

CARTA ABIERTA DIRIGIDA A:

Directorios, Partidos y Movimientos Políticos, Candidatas y Candidatos a Alcaldías, Gobernaciones, Asambleas Departamentales y Consejos Municipales.
Ciudadanas y ciudadanos electores

La Constitución Política de Colombia dispone que los derechos de la niñez prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto obliga a que en el trazado de las agendas políticas y los programas de quienes aspiran a los cargos de gobierno en las diferentes instancias de la administración pública, se garantice el cumplimiento de  los derechos de los niños, las niñas, y los adolescentes del país.

En el año 2006, Colombia dio un importante paso en este sentido, al promulgar el Código para la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. El Código pone en sintonía la legislación interna con la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y con la Constitución Política de 1991, que disponen medidas concretas para que el Estado y la sociedad se constituyan en garantes efectivos de derechos. Es así que en adelante, ningún gobernante puede eludir las responsabilidades que le conciernen para con estas poblaciones y con el ejercicio de sus derechos. 

Por este motivo, queremos invitarles a que en las agendas de candidatos y candidatas, los derechos de la niñez ocupen el lugar predominante que les corresponde, asegurando que todos los niños y las niñas desde su nacimiento dispongan de lo necesario para llevar una vida digna, y que al igual que ellos y ellas, también los y las adolescentes cuenten con las oportunidades y recursos que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades. De este modo, estaremos obrando no solo en cumplimiento de la Ley, sino del máximo fin ético de las sociedades: garantizar los derechos de sus ciudadanos y, en especial, de quienes están en proceso de formación o son más vulnerables.

A pesar del importante paso que se ha dado con la promulgación de la Ley, la situación de los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia, muestra aún que la garantía de sus derechos es una materia pendiente en la agenda de varios movimientos y partidos políticos, y más aún en la agenda gubernamental de muchos mandatarios de los entes territoriales que no han acogido el precepto constitucional que  establece la  prevalencia de estos derechos sobre los derechos de los adultos.

Algunas cifras son un ejemplo de ello. De acuerdo con los últimos datos disponibles del Censo de 2005, Colombia tiene una población menor de 18 años cercana a los 16.5 millones de habitantes lo que equivale al 36.3 % de la población total del país. De estos, 11 millones pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisben, y 4 de esos 11 millones son menores de 4 años.  Esto indica que de nuestras niñas y niños, el 67%  madura, crece y se desarrolla en medio de la pobreza. La tasa de mortalidad infantil en Colombia si bien ha bajado gracias al mejor acceso a los servicios de salud, se situó en 2006 en 15 por cada mil nacidos vivos, lo que significa que cerca de 15 mil niños y niñas mueren al año en nuestro país por causas en su mayoría prevenibles; 65% de estas muertes ocurren antes de cumplir un mes de vida y de los que sobreviven, 33.2% de los menores entre 1 y 4 años tienen anemia, según datos de la encuesta de Demografía y Salud de 2005. La Defensoría del Pueblo informó que las muertes violentas causadas por accidentes y homicidios alcanzaron la cifra de 4200 víctimas en menores de 18 años en el año 2002. 

De acuerdo con cifras del DANE para 2005, 1.058.810 niños y niñas, entre 5 y 17 años, trabajaban y 948.448 estaban vinculados en oficios del hogar por más de 15 horas a la semana. Cerca del 51% no recibe remuneración alguna; muchos de estos infantes y adolescentes trabajadores no asisten a la escuela, perpetuándose así el ciclo de la pobreza. La tasa de cobertura bruta nacional en educación básica y media para 2005 fue de 88%; este número encubre la existencia de profundas diferencias en el sector, pues gran parte de nuestra población en primera infancia no tiene acceso a la educación inicial; vastas regiones del país tienen tasas de cobertura en todos los niveles inferiores a los promedios nacionales o a los indicadores de los grandes centros urbanos y de las enormes brechas existentes para las zonas rurales muchos se han olvidado. Esto quiere decir que a pesar de los logros del Gobierno Nacional en la materia, cerca de 2.5 millones de niños y niñas aún se encuentran por fuera del sistema educativo.

Sobre la situación de los derechos de los y las adolescentes no conocemos lo suficiente y aquello que conocemos resulta preocupante. En general  adolescentes y jóvenes son tomados en cuenta sólo cuando manifiestan su inconformidad en el seno de la familia o de la sociedad, pero con frecuencia se olvida que el 12% de la población entre 11 y 15 años no estudia; menos de la mitad de quienes tienen entre 16 y 20 años, están estudiando y sólo el 21% de quienes tienen entre 21 y 24 años; y en estas mismas edades, en las áreas rurales sólo el 6.4% estudia ; más del 60% de la población con edades entre 10 y 14 años, viven en hogares calificados por debajo de la línea de pobreza;  el 20.5% de las mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o están en embarazo. Un 6.8% de las mujeres adolescentes madres, no recibió atención prenatal. Un 9% tuvo el parto sin atención profesional. Estudios cualitativos sugieren que los y las jóvenes no acuden a la red de salud pública en busca de información para tomar decisiones en salud sexual y reproductiva. El 17% de las mujeres gestantes diagnosticadas con VIH, en las regiones del caribe, Quindío y Santander, eran menores de 20 años. 

De las adolescentes entre 15 y 19 años, unidas, un 37.6% ha sido objeto de violencia física por parte del esposo o compañero, de ellas el 89.2% no acudió a un servicio de salud y un 87% no denunció.  Según el Instituto de Medicina Legal en su informe de 2005, el 84.3% de los dictámenes sexológicos realizados corresponde a niñas, y de éstas la mayoría están entre los 10 y los 14 años.  Esta misma fuente reporta más de 10 mil casos de maltrato infantil en 2005 y más de 13 mil casos de abuso sexual infantil.  

Este panorama, apenas parcial sobre la situación de la niñez y la adolescencia en Colombia, que no incluye los datos sobre reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales,  las muertes a causa del conflicto armado, ni las cifras del desplazamiento forzado, muestra la magnitud del reto que supone para los mandatarios locales que serán elegidos en las elecciones de octubre de 2007, el diseño de políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud, que les permita responder de una manera adecuada y oportuna a estas problemáticas, tal como lo establece la Ley 1098 de 2006, y privilegiar la inversión pública hacia aquellos temas que garanticen los derechos de niños,  niñas y  adolescentes y por consiguiente el mejoramiento de su calidad y sus condiciones de vida.

Es importante recordarles, que de acuerdo con el artículo 204 de dicha Ley,  “Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas”. Además, señala que “El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán para ello”.

Es por esta razón que la Alianza por la niñez colombiana quiere hacer una invitación a los Directorios de Partidos y Movimientos Políticos y a través de ellos a todas y todos los candidatos a gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos a que incluyan de una manera sistemática en sus plataformas programáticas y en sus proyectos de gobierno, el compromiso de diseñar políticas públicas de niñez, adolescencia y juventud en sus departamentos y municipios y de asegurar los recursos necesarios para que los niños, las niñas y los adolescentes en Colombia, puedan vivir su infancia y su adolescencia en condiciones dignas y puedan desarrollarse como personas íntegras en el seno de la sociedad.

Exhortamos a las candidatas y candidatos a hacer un compromiso público por la infancia y la adolescencia para que no muera ningún niño o niña en Colombia por una causa que pueda ser evitada; para que todas y todos los niños y niñas sean registrados en el momento de nacer; sean vacunados en los primeros años de vida y gocen de una nutrición sana y equilibrada. Para que no  haya ningún niño, niña o adolescente por fuera de la escuela, y para que las escuelas sean cada vez de mejor calidad. Para que tengan acceso a la recreación y al goce de los bienes de la cultura, al uso creativo del tiempo libre y al deporte.

Hacemos un llamado urgente para que de ser elegidos o elegidas, promuevan en sus administraciones como intolerables: el hambre, la negligencia, la violencia física, sexual o psicológica; la explotación laboral y sexual, el maltrato y el abandono y todo comportamiento que aún siendo aceptado culturalmente vaya en contravía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes del país y su región. 

Invitamos a la ciudadanía de todas las edades para asegurarse que sus candidatos y candidatas se comprometan a dar prioridad a la garantía efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia en cada rincón del territorio nacional.

POR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA  E INCLUYENTE, QUE NIÑOS, NIÑAS  Y  ADOLESCENTES SEAN PRIMERO.

ALIANZA POR LA NIÑEZ COLOMBIANA

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