El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y agencias asociadas presentaron hace unos días siete estrategias que han arrojado resultados concretos en la reducción de la violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Los organismos aseguran que la violencia contra la niñez es un flagelo oculto o poco reportado que afecta a unos mil millones de niños y niñas cada año en sus diversas manifestaciones: física, sexual o psicológica. Las cifras muestran que a lo largo de la infancia, uno de cada cuatro niños y niñas sufre maltratos físicos, y casi una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre abusos sexuales.

En el caso de los lactantes y los niños pequeños, la violencia toma principalmente la forma del maltrato a manos de los padres, los cuidadores y otras figuras de autoridad. A medida que los niños crecen se vuelve común también la violencia de los compañeros y la pareja: intimidación, peleas, violencia y agresiones sexuales, a menudo con armas de fuego o blancas.

Para la ejecución de las estrategias, Unicef y la OMS hicieron un llamado a gobiernos, sociedad civil,  sector privado y  comunidad de investigadores y académicos para que hagan alianzas.

Las estrategias

1. Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes: su objetivo prevenir los comportamientos violentos, reducir el consumo excesivo de alcohol y limitar el acceso de los jóvenes a las armas de fuego y de otro tipo.
   Las leyes que prohíben comportamientos violentos como los abusos sexuales o los castigos violentos a los niños ponen de manifiesto que la sociedad no considera aceptables estas formas de conducta y permiten reclamar responsabilidades a quienes incurren en ellas. Las leyes y las políticas pueden servir también para mitigar los principales factores de riesgo de la violencia contra los niños.
2. Normas y valores: su objetivo es reforzar las normas y los valores que promueven las relaciones respetuosas, enriquecedoras, positivas y equitativas en cuanto al género para todos los niños y adolescentes. Ello implica muchas veces modificar normas y comportamientos sociales y culturales profundamente arraigados, en particular la idea de que algunas formas de violencia no son solo normales, sino también justificables en ciertos casos. Se requieren medidas como programas de movilización comunitaria, intervenciones de testigos y programas con grupos reducidos que cuestionen las normas sociales y de género de carácter nocivo.
3. Entornos seguros: su objetivo es propiciar y mantener la seguridad en las calles y otros entornos donde los niños y los jóvenes se reúnen y pasan su tiempo. Se trata de cambiar el entorno social y físico de las comunidades (en lugar de cambiar a los individuos que forman parte de ellas) para fomentar los comportamientos positivos y desalentar las prácticas nocivas. Incluye medidas como actuaciones policiales específicas orientadas a la resolución de problemas en las “zonas críticas”, la interrupción de los conflictos violentos mediante el control de las represalias y la modificación del entorno construido.
4. Apoyo a los padres y cuidadores: su objetivo es reducir las prácticas de crianza severas y crear relaciones positivas entre padres e hijos mediante ayudas dirigidas a que los padres y cuidadores para que comprendan la importancia de las medidas disciplinarias positivas y no violentas y de una comunicación cercana y eficaz. Estas ayudas pueden tomar la forma de programas de formación para la crianza que se lleven a cabo a través de visitas domiciliarias o en grupos. En ellos los padres reciben formación relativa al desarrollo de sus hijos y se les enseña a adoptar prácticas de crianza positivas como las formas no violentas de disciplina y la comunicación eficaz entre padres e hijos sobre temas delicados.
5. Ingresos y fortalecimiento económico: su objetivo es mejorar la seguridad y la estabilidad económica de las familias, con la consiguiente reducción de la violencia de pareja y del maltrato infantil. Requiere medidas que combinan la realización de transferencias de efectivo a las familias con programas de capacitación de los padres, y/o que las condicionan a la asistencia de los hijos a la escuela. O bien medidas que combinan la micro financiación con programas de formación para hombres y mujeres sobre normas de género, violencia doméstica y sexualidad.
6. Servicios de respuesta y apoyo: su objetivo es mejorar el acceso a unos servicios de salud, bienestar social y justicia penal de calidad para todos los niños que lo necesiten – entre otras cosas, para denunciar casos de violencia –, con el fin de reducir el impacto de la violencia a largo plazo. Los niños que han estado expuestos a la violencia necesitan tener acceso a diversos servicios de salud y apoyo para que los ayuden a recuperarse. Estos servicios también pueden contribuir a romper el ciclo de violencia en la vida de estos niños y ayudarlos a afrontar y superar su experiencia. La principal prioridad son los servicios de salud básicos, como la atención médica de urgencia para las lesiones relacionadas con la violencia y la atención clínica para las víctimas de violencia sexual (incluida, cuando proceda, la profilaxis postexposición al VIH en casos de violación). Cuando estos servicios básicos de salud funcionan y están orientados a la infancia, se pueden introducir mecanismos para que los niños puedan buscar ayuda, protección, apoyo y cuidado, así como para que puedan denunciar incidentes violentos. Algunos de estos mecanismos pueden ser la asesoría y la terapia, programas combinados de detección e intervención, programas de tratamiento para delincuentes juveniles en el sistema de justicia penal, e intervenciones de acogimiento familiar en las que participen los servicios de bienestar social.
7. Educación y aptitudes para la vida: su objetivo es aumentar el acceso de los niños a una educación más eficaz y equitativa en cuanto al género, al aprendizaje social/emocional y a la formación de aptitudes para la vida, así como garantizar que los entornos escolares sean seguros y propicios. Las mejoras en la educación de niños y niñas protegen tanto de la victimización como de la perpetración de actos violentos. Esta estrategia requiere medidas como aumentar las tasas de matriculación en preescolar, primaria y secundaria, crear un entorno escolar seguro y propicio, mejorar el conocimiento de los niños acerca de qué son los abusos sexuales y cómo pueden protegerse frente a ellos, programas dirigidos a los adolescentes para la prevención de la violencia de pareja, y programas de formación de aptitudes sociales y para la vida. Los programas que refuerzan el aprendizaje social y emocional de los niños mejoran sus aptitudes para comunicarse y relacionarse, y los ayudan a aprender a resolver problemas, a controlar sus emociones, a ponerse en el lugar del otro y a gestionar los conflictos de forma segura, un conjunto de aptitudes para la vida que pueden prevenir la violencia.