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‘Colombia debe identificar a las niñas y los niños desvinculados del conflicto para reestablecerles sus derechos’

LanzamientoInformeNiñezConflicto

#ACumplirleALaNiñez  

  • El informe “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste” evidencia que el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad ninguna de las 18 recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño relacionadas con conflicto armado. Solo en seis se observa algún avance y diversos obstáculos por superar.
  • Llamado al país a tener una mayor cultura de derechos humanos y a priorizar a niñas, niños y adolescentes en todas las decisiones que se tomen. La prevalencia de los derechos de la niñez se está quedando en el papel.

Un total de 2.382.086 colombianos entre los 0 y 17 años de edad son víctimas del conflicto armado, una población que ha sido invisible a la respuesta estatal y a las normas nacionales e internacionales que privilegian los derechos de los menores de 18 años sobre los derechos de los demás.

“La niñez afectada por el conflicto armado ha sido objeto de las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, de las cuales el país no ha sido consciente. Durante casi 60 años de conflicto armado ha sido indiferente al sufrimiento de niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Hoy presentamos al país el informe “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste” con el que ponemos foco a este tema y hacemos un llamado para proteger y atender a lo más sagrado para la sociedad: las niñas, los niños y adolescentes, quienes constituyen el relevo generacional, político, ético y económico del país”, señaló Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombia.

Esta red, que integra 21 organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con los derechos de niñas y niños, monitorea los acuerdos suscritos por Colombia que buscan garantizar condiciones dignas de bienestar y protección para la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud. La finalidad es que a partir de los hallazgos se pueda tener un diálogo constructivo con el gobierno sobre las medidas urgentes de atención y reparación integral para la niñez víctima del conflicto armado, así como contar con los primeros insumos para el informe alternativo que se presentará en 2020 al Comité de los Derechos del Niño en La Haya.

Con ese propósito revisó las 18 recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño hizo al país en 2015 en relación con tres bloques temáticos: niñez víctima de desplazamiento forzado, niñez víctima perteneciente a grupos étnicos y niñez víctima de los delitos contemplados en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la participación de ellos y ellas en conflictos armados (relacionados con reclutamiento, vinculación a grupos armados no estatales, víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados). El análisis demuestra que el Estado colombiano no ha cumplido a cabalidad ninguna de las recomendaciones.

“Para Fundación PLAN y para las demás organizaciones de la Alianza es muy importante compartir con ustedes los resultados de este informe que nos permite tener un análisis más claro de la realidad de la niñez colombiana a lo largo del territorio nacional, en particular en zonas que han sido afectadas por la violencia, el conflicto armado, que a la vez nos compromete a todos a seguir trabajando por el goce efectivo de sus derechos”, señaló Alejandro Gamboa, presidente de la Fundación PLAN.

Cuántas niñas y niños fueron desvinculados

En la preocupante cifra de niñas y niños víctimas del conflicto no están incluidos los niños, las niñas y los adolescentes que pertenecieron a las filas de las autodefensas ni tampoco de la guerrilla, por cuanto es una cifra incierta para Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), 16.879 menores de edad fueron vinculados entre 1960 y 2016 a los grupos armados organizados al margen de la ley (Gaoml), pero solo 6.499 han ingresado al Proceso  Administrativo de Restablecimiento de Derecho (Pard).

Además, con la Ley de Justicia y Paz se desmovilizaron 31.651 personas y Human Rights Watch calculaba que el 20 % de ese grupo eran menores de edad, es decir, 6.330, pero solo 1.055 entraron al Pard del ICBF.

De acuerdo con el Cnmh, las Farc-EP fueron el mayor reclutador de niñas y niños con el 54%. “Con la firma del Acuerdo Final se entregaron formalmente 135 niños, por lo cual es urgente que el Estado emprenda una búsqueda activa de los menores de edad víctimas de vinculación a Gaoml que retornaron a sus comunidades y hogares y no han sido atendidos en los programas especializados que garantizan su reintegración efectiva a la sociedad.   Ellos requieren ser ubicados para restablecerles sus derechos. Seguramente varios de ellos hoy ya son mayores de edad”, señaló Esther Narváez, quien realizó la compilación y análisis de la información para la Alianza por la Niñez Colombiana.

Defensoría del Pueblo y representantes de la Alianza indicaron que algunas de las organizaciones que forman parte de la red han encontrado niños desvinculados que están en las aulas y fueron identificados por los profesores y no por las autoridades a cargo del proceso de restablecimiento de derechos.

De igual forma, que en el marco del conflicto armado están siendo utilizados en redes de microtráfico, extorsión, menudeo  y otros modos de delincuencia, que los obligan a cometer crímenes aprovechando su situación de pobreza y vulnerabilidad.

La Alianza por la Niñez Colombiana reitera al país que Colombia está en la obligación de atender los requerimientos de la niñez víctima del conflicto y que para ello los servidores públicos y contratistas deben contar con las capacidades para aplicar el enfoque diferencial (género, étnica, edad y discapacidad) y garantizar los derechos de la niñez.

Algunas cifras:

  • Del total de niñas y niños víctimas del conflicto, el 99% han sido forzadamente desplazados, desarraigados, situación que los sume en la pobreza, desprotección y los expone a otros hechos como la vinculación, el abuso sexual, los accidentes por minas antipersonas, entre otros.
  • Del total de personas afectadas por la violencia en sus comunidades, el 12% indicó ser indígena, raizal o gitano; y en este segmento, 11,85% (282.312) son menores de 18 años de edad.
  • Según datos de la Dirección para la Atención Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA), desde 1990 hasta el 31 de agosto de 2017 se han registrado 11.495 víctimas de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) de las cuales 10,1% (1.172) son niños, niñas y adolescentes.

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