El próximo primero de enero, 1.102 alcaldes y 32 gobernadores asumirán el liderazgo de los municipios y departamentos del país. Garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, que representan el 32,69 % de la población colombiana, debe ser una prioridad para ellos, como señala la Alianza por la Niñez Colombiana, conformada por organizaciones que velan por los derechos de la niñez.

“Queremos recordarles que la inclusión de este grupo poblacional en las políticas públicas es una obligación estipulada en la Ley 1098 del 2006. De igual forma, que las políticas deben orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que permitan la garantía universal de los derechos de la niñez”, señaló Adriana Espinosa, secretaria ejecutiva de la Alianza.

En marzo los nuevos gobernantes deben entregar el plan de desarrollo territorial a los consejos territoriales de planeación, como señalan la Constitución y la Ley 152 de 1994. Para realizar su tarea, la Alianza por la Niñez Colombiana les presenta este decálogo que incluye las grandes deudas que tiene el país con sus niños, niñas y adolescentes.

1. Garantizar que cada niño, niña y adolescente del país cuente con una familia y sea cuidado de manera  responsable y amorosa.

• A junio 30 de 2015, 9.505 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estaban en condición de adoptabilidad (ICBF).

2. Garantizar que cada niño, niña y adolescente del país cuente con acceso a los servicios de salud con calidad y oportunidad, y cuente con una nutrición adecuada.

• 42,7% es la prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares urbanos y 57,5% en los rurales.
• Niñas y niños indígenas menores de 5 años presentan mayor desnutrición que el resto de la población. El 29,5% presenta desnutrición crónica frente al 13,2% de la población general y la desnutrición crónica severa es tres veces más frecuente: 9,4% frente al 3% del promedio nacional.  (Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia. Bogotá, 2010).

3. Asegurar que cada adolescente cuente con los conocimientos, recursos y servicios amigables para una sexualidad sana y responsable.

• 19,5% de las adolescentes (entre los 15 y 19 años) están embarazadas o son madres, con el agravante de que se dio un aumento de la proporción de adolescentes embarazadas en todos los niveles educativos entre 2005 y 2010 (Conpes 147, datos tomados de la Encuesta de Salud y Demografía, Profamilia, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010).

4. Garantizar que cada niño, niña y adolescente acceda y culmine la educación inicial, básica y media con calidad.

• 5,8% fue el promedio nacional de analfabetismo en 2014. Persisten niveles preocupantes de analfabetismo en departamentos con mayoría de población indígena y afrodescendiente.
• 63,39% es la tasa de cobertura neta en transición, 87,10% en primaria, 71,48% en secundaria y 40,98% en media (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para Todos’. Resumen ejecutivo. Bogotá. 2011).

5. Promover que cada niño, niña y adolescente ejerza su derecho a la participación en los ámbitos privados y públicos.

• Existen pocos espacios de participación, movilización e incidencia de niños, niñas y adolescentes, lo cual limita el ejercicio de sus derechos y su reconocimiento como ciudadanos. (Evaluación Plan Estratégico de País Colombia. 2010).

6. Garantizar que cada niño, niña y adolescente cuente con ambientes protectores y mecanismos oportunos de restablecimiento de los derechos vulnerados por situaciones de violencia, abuso, maltrato y explotación.

• A junio 30 de 2015, 442.037 niños, niñas, adolescentes y jóvenes estaban en proceso administrativo de derechos y 77.210 con declaración de vulneración de derechos (ICBF).
• En el 2014 se reportaron 16.238 casos de abuso sexual, 10.155 casos de violencia intrafamiliar, 19.954 casos de violencia interpersonal y 940 casos de homicidio (Medicina Legal).

7. Garantizar que cada niño, niña y adolescente víctima del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado cuente con las condiciones que les permitan su reparación integral y la restitución de los derechos. 

• En 2014, 55.937 niños y niñas fueron víctimas de desplazamiento. Ello quiere decir que cada día 153 personas menores de edad se ven alejados de su escuela, de sus amigos, de sus familiares y de su comunidad (Unidad de Víctimas sobre el reporte de hechos victimizantes por edad).
• 5.700 son los casos niñas, niños y adolescentes atendidos desviculados por el ICBF entre 1999 y 2015 (ICBF).

8. Garantizar que cada niño, niña y adolescente en situación de emergencia por fenómenos naturales cuente con la protección y atención prioritaria. 

Colombia está expuesta a los riesgos naturales de manera permanente. El 86% de la población se encuentra en zonas de riesgo sísmico medio y alto; el 28%, en riesgo alto de inundaciones y el 31%, en peligro de deslizamiento medio y alto (Banco Mundial, 2012).  Los niños, las niñas y los adolescentes pueden representar un número significativo, si se tiene en cuenta que 32,69% de la población total es menor de 18 años.

“Conviene distinguir en este punto que las estadísticas internacionales referentes al registro de niños y niñas afectadas por desastres naturales en Colombia establecen que cerca del 12,4% son niños y niñas entre los 0 y 5 años, el 10,3% de 6 a 10 años, 10,3% de 11 a 15 años y 9,3% de 16 a 20 años”, señala el informe ‘Derechos de la niñez, desplazamiento forzado en Colombia y gestión del riesgo de desastres, brechas y oportunidades’   de la Fundación Plan y la Alianza por la Niñez Colombiana (2014).

9. Garantizar que cada niño, niña y adolescente en situación de pobreza y pobreza extrema y en contexto de ruralidad mejore sus condiciones de vida.

33,98% de la población infantil y adolescente se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional.  La incidencia es mayor en los niños y niñas entre los 3 y 5 años: 36,9% y en los adolescentes entre 12 y 17 años: 35,2%  (Informe DANE ‘Pobreza monetaria junio 2012-julio 2013’).

10. Definir que la niñez y la adolescencia son una prioridad de la política social y económica en todos los niveles de la gestión pública.

Consultar el decálogo con sus respectivas metas aquí.