La Coordinadora Institucional de promoción por los derechos de la Niñez –CIPRODENI- en representación de las organizaciones asociadas a la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas Y Adolescentes-REDLAMYC-, ante la celebración del XLIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA “Por una política integral de lucha contra las drogas en las Américas” que se celebró en Antigua Guatemala del 4 al 6 de junio del 2013, planteó lo siguiente:

RECONOCEMOS

(a) Que la niñez y la adolescencia de las Américas y del Caribe constituye más del 50% de la población de la región, que por su condición de minoría de edad, presenta altos niveles de vulnerabilidad y riesgos debido a la situaciones de violencias: estructural (pobreza, extrema pobreza, exclusión, inequidad), familiar, comunitaria, social, y estatal.

(b) Que estas violencias no son enfrentadas adecuadamente por la falta de concreción de la voluntad política de los gobiernos pasados y actuales, que se refleja en la limitada implementación de sus marcos legales de protección, políticas, inversión e institucionalidad que garantice sus derechos humanos.

PREOCUPADOS

(a) Por el impacto de las drogas en la vida y el desarrollo de la niñez y de la adolescencia de las Américas y el Caribe, que se refleja en su victimización, al verse

implicados: (i) como consumidores, en tanto que utilizan drogas legales e ilegales y de impacto negativo para su salud, a una edad cada vez más temprana; (ii) como productores y comercializadores, obligados por el narcotráfico y crimen organizado aprovechando su inimputabilidad ante la ley; y (iii) como espectadores, porque son testigos de la violencia que genera este ilícito contra ellos/as, su familia y su comunidad.

(b) Por las consecuencias que para la vida de la niñez y la adolescencia de las Américas y del Caribe pueda tener la legalización para fines medicinales de algunos cultivos ilícitos y la despenalización de la posesión y consumo personal de drogas ilícitas, debido a la debilidad y fragilidad de las instituciones de muchos estados latinoamericanos y caribeños, permeados y cooptados a todo nivel por el narcotráfico y el crimen organizado.

SOLICITAMOS

(a) Que en todas las políticas, programas, estrategias que se adopten en relación a la lucha contra las drogas y la despenalización y legalización de las

mismas, se considere el interés superior de la niñez, en el marco de los compromisos asumidos por los estados para garantizar el cumplimiento y vigencia de los Derechos de la Niñez.

(b) Una mayor claridad y socialización de lo que se está pretendiendo legalizar y despenalizar, para que los estados puedan hacer las reformas legales, institucionales, programáticas y políticas apropiadas, con un enfoque de derechos de la niñez.

(c) Que nuestra preocupación, consideración y solicitudes sean incluidas en las discusiones de la presente Asamblea y en la Declaración final.

“Reconocemos que las políticas hasta ahora implementadas han tenido un impacto diferenciado en ciertos grupos, colocándolos en una situación de vulnerabilidad. En particular, este impacto se manifiesta en distintas formas de violencia contra la mujer, en la criminalización de los pueblos indígenas y de las protestas sociales y ambientales, los ataques, amenazas y asesinatos en perjuicio de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, trabajadoras sexuales e integrantes de la comunidad LGTBI.

Afirmamos que en todas las políticas, programas y estrategias que se adopten en relación a la lucha contra las drogas y la despenalización y legalización de las mismas, se considere el interés superior de la niñez en el marco de los compromisos asumidos por los Estados para garantizar el cumplimiento y vigencia de los derechos de los mismos.”

Dicho planteamiento se presentó también en una conferencia de prensa convocada por la Convergencia de Derechos Humanos el pasado martes 6 de junio.

Tomado de Boletín de PAMI