Un elevado atraso en el goce efectivo de los derechos de la población en situación de desplazamiento, de la cual la gran mayoría son niños y niñas, evidenció  la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

Desde agosto de 2005, este organismo monitorea las acciones que se realizan para lograr que los 6 millones de personas desplazadas (cerca del 12 % de la población total de Colombia) gocen de la plenitud de sus derechos, como lo ordenó en una histórica sentencia de tutela (la T-025 del 22 de enero de 2004) de la Corte Constitucional.  Con ella la alta corte declaró la existencia de un “Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI)” ante la grave vulneración de derechos de millones de colombianos víctimas del desplazamiento forzado y la profunda distancia entre los derechos consignados en la Ley 387 de 1997 y los recursos financieros e institucionales de la política pública destinada a atender esta crisis humanitaria.

“La sentencia ordena la atención de los derechos básicos de todas las personas desplazadas y establece un proceso de seguimiento en el que participan tanto el gobierno nacional (como) los organismos de control, las agencias humanitarias de la comunidad internacional, las organizaciones de población desplazada y las organizaciones de derechos humanos. Dada la trascendencia de esta decisión y la necesidad de garantizar su cabal cumplimiento, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, la Corporación Viva la Ciudadanía, la Decanatura de Derecho de la Universidad de los Andes e importantes personalidades de la vida nacional asumimos la responsabilidad de constituir la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado”, señala la comisión en su portal.

Este organismo, que cuenta con el acompañamiento internacional de la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchu, la Organización Plan Internacional y el exrepresentante de ACNUR en Colombia Roberto Meier, produjo unos indicadores de resultado para la medición del Goce Efectivo de los Derechos (GED) de la población desplazada, en respuesta al predominio de indicadores de oferta institucional en los informes gubernamentales y la ausencia de un sistema de indicadores de GED.

Por ello, a través del Auto No 109 de 2007, la Corte Constitucional le solicitó la verificación nacional del GED de la población en desplazamiento, lo cual ha hecho año a año y hoy le permite afirmar que esta es la población más pobre entre los pobres; los niños, niñas y adolescentes no tienen la cobertura de educación de los otros menores de edad y aunque existe un avance importante en alimentación, cerca de un 46 % de la población desplazada presenta algún síntoma de insuficiencia alimentaria.

En el caso del derecho a la salud, el nivel de afiliación pasó de 79 % en 2007 al 93,9 % en 2013, nivel similar al de la población total del país (96 %). En cuanto a la vacuna de triple viral, hubo reducción de niños y niñas que cuentan con la primera dosis, pasó de 86,0 % en 2008 a 84,2 % en 2013; mientras que la pentevalente aumentó entre 2010 y 2013, pasó de  80,3 % a  84,4% de niños y niñas que cuentan con la primera dosis. En ese sentido, el informe de la comisión señala que no hay “avances en vacunación puesto que se está a 14 puntos de las coberturas útiles”. Y agrega que solo el 0,2 % de las personas desplazadas recibió atención psicosocial individual o en grupo en 2013.

En educación el panorama no cambia. El porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años desplazados que asisten a un establecimiento educativo se incrementó de 81,0 % en 2007 a 86,6 % en 2013; sin embargo, la cobertura sigue siendo inferior a la media nacional  que ascendía a 91,7 % en 2013.

“En preescolar también ha habido un aumento en la cobertura neta entre 2007 y 2013, pero está 8 puntos por debajo del promedio nacional. En básica secundaria, la tasa de cobertura neta es inferior a la nacional en cerca de 10 puntos”, agrega la comisión.

Otros derechos

El derecho a la generación de ingresos es preocupante. “Pese a los avances que se dan en un periodo en el cual la pobreza desciende para toda la población del país, el porcentaje de pobres extremos entre la población desplazada es casi 4 veces el del país (9,1%). En pobreza total, la diferencia es igualmente alta, puesto que en promedio, entre 33 % o 35 % de los hogares son pobres.

La comisión asegura que los programas de restablecimiento de las capacidades laborales y de generación de ingresos del Ministerio de Trabajo son precarios debido a las bajas coberturas. En ese sentido, solo se ha vinculado el 0,19 % de la población víctima (son 8 millones en total, de los cuales 6 son personas en condición de desplazamiento).

“La población desplazada es la más pobre entre los pobres, y la gran mayoría de ella son niños”, sostiene Clara Ramírez Gómez, miembro de la comisión.

Finalmente, otro dato que inquieta es el acceso a una vivienda digna. Aunque incrementó de 5,5 % en 2008 al 10,2 % en 2010 y al 10,8 % en 2013, es muy bajo y en los últimos tres años no aumentó. Además hay una disminución del 63,2 % en 2007 al 55,5% en 2013 en acceso a servicios públicos.

“Estamos lejos de tener una población desplazada con una vivienda digna”, asegura Ramírez.

“Desde su creación, la comisión se propuso realizar tareas de seguimiento técnico y sistemático, así como de incidencia sobre el desarrollo de una política integral frente a la catástrofe social que expresa el desplazamiento forzado, con un criterio de acción basado en la independencia y la complementariedad a otras acciones de diversa índole que han venido adelantándose en este campo”, señala el organismo en su portal.

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