La Alianza por la Niñez Colombiana* y Unicef continúan con el ejercicio de análisis de los planes de gobierno de los dos candidatos a la Presidencia de la República, con respecto a la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia. Esto en el marco de la iniciativa que reúne a las organizaciones nacionales e internacionales más importantes que abogan por la garantía de los derechos de la niñez: la Estrategia Votemos por la Niñez, que busca posicionar el cumplimiento de los derechos de esta población en las campañas políticas y educar el voto ciudadano.

El análisis de los programas de gobierno de los dos candidatos a la luz de la Ley 1098 de 2006 permite afirmar que los candidatos aún no logran formular un programa de gobierno que visibilice a los niños, niñas y adolescentes como actores estratégicos del desarrollo del país. Si el plan de gobierno es la base para la construcción del Plan de Desarrollo y el documento en el cual los candidatos plasman su visión de país y las metas que se comprometen alcanzar durante su mandato, en los próximos cuatro años los niños y niñas no serán sujetos prevalentes de políticas públicas que promuevan su desarrollo. Esto también querrá decir que Colombia como país seguirá desperdiciando la oportunidad de aprovechar las bondades del bono demográfico, y se verá privado de los avances sociales y económicos que han sido aprovechados por muchos países en el sudeste asiático como estrategia fundamental de desarrollo económico, político y social.

Este análisis, que preocupa a las organizaciones de la Alianza por la Niñez Colombiana y a Unicef, debe movilizar a la sociedad civil como actor corresponsable de la garantía de los derechos de la niñez. La inversión en la niñez, además de ser un asunto ético, es un mandato legal que impone la Ley 1098 y en la que se señala que es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas.

Durante la campaña electoral los candidatos han ido incorporando algunas propuestas y metas orientadas a la garantía de los derechos de la niñez, pero la realidad es que estas aún son insuficientes y, de convertirse en políticas públicas, no cumplirían con el mandato legal que les impone el artículo 204, en el que se establece que el Presidente, los gobernadores y los alcaldes son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, y que su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta.

Es importante recordar que tras el encuentro que las organizaciones de la estrategia Votemos por la Niñez sostuvieron con los candidatos y candidatas a la presidencia, las compañas presidenciales se comprometieron a incluir en sus programas de gobierno los diez compromisos establecidos por dichas organizaciones. No obstante, aún las propuestas de los planes de gobierno no materializan este compromiso a través de metas concretas para eliminar las brechas existentes en la universalización y protección integral de los derechos de la niñez. Los diez compromisos implican que en los planes de gobierno se definan las estrategias de promoción, prevención, garantía y restablecimiento (en caso de ser vulnerados) de los 44 derechos, las metas y la asignación de recursos para su implementación. Si bien ambos candidatos hacen un esfuerzo por visibilizar a la niñez en sus planes de gobierno, no lo hacen de manera prevalente y tampoco lo hacen desde el enfoque de la protección integral. Ninguno de los candidatos propone la formulación de una política diferenciada y específica para la infancia y la adolescencia.

Entre los avances de la Ley 1098 de 2006 está el reconocimiento del derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, en este sentido, se recomienda realizar procesos de consulta con esta población e incluir sus recomendaciones y propuestas. La Ley también es específica en señalar que los planes de desarrollo y, por ende, los planes de gobierno deben partir de un diagnóstico general de la niñez; las propuestas de los candidatos carecen de dicho diagnóstico sobre este grupo poblacional. Con respecto a la garantía del derecho a la salud, llama la atención que ninguno de los candidatos incluya en su propuesta la creación y el fortalecimiento del Sistema de Salud Integral para la Infancia y la Adolescencia. Por último, cabe recordar que la garantía de los derechos de los niños y niñas requiere de un trabajo interinstitucional que garantice un trabajo articulado de los diferentes sectores, en este sentido se recomienda establecer acciones específicas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

La niñez debe ser una prioridad de todos, el presente y futuro de nuestro país depende de la garantía de sus derechos.