Cumplir los diez compromisos establecidos por la Alianza por la Niñez Colombiana y Unicef, y agregar unos más para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes del país, fue el compromiso que asumieron las candidatas a la presidencia Clara López, de la alianza Polo Democrático-UP, y Marta Lucía Ramírez, del partido conservador; así como la candidata a la vicepresidencia Aída Avella y el director general de la campaña del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos, quienes participaron en el encuentro convocado por estas organizaciones en el marco de la estrategia Votemos por la Niñez.

 

“Esta iniciativa nació en 2002 para posicionar la infancia y la adolescencia en las campañas políticas y para educar el voto ciudadano. Queremos mostrar la situación actual de la infancia y la adolescencia de nuestro país y los diez compromisos que se deben tener en cuenta en los próximos cuatro años, si se quiere avanzar en la garantía de los derechos de este grupo poblacional, que representa el 32,69 por ciento de la población”, señaló Adriana Espinosa, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana.

 

Mario Gómez, director social de la Fundación Restrepo Barco, y Roberto De Bernardi, representante de Unicef en Colombia, dieron la bienvenida a los candidatos y a sus equipos y les agradecieron por aceptar la invitación para hablar sobre un grupo poblacional que tiene prevalencia de sus derechos, como lo señalan la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 1098 de 2006.

 

Las organizaciones de la iniciativa Votemos por la Niñez mostraron que el 32,69% de la población colombiana es menor de 18 años y la tercera parte (33,98%) de este grupo se encuentra en situaciones de pobreza multidimensional. Las niñas y los niños indígenas menores de 5 años presentan la mayor tasa de desnutrición: el 29,5% tiene desnutrición crónica frente al 13,2% de la población general y 9,4%, desnutrición crónica, es decir tres veces más que el promedio nacional.

 

Además, el embarazo adolescente está en 19,5%, con el agravante de que se encuentran niñas entre los 10 y 14 años que han sido madres. En el 2011 nacieron 6.291 bebés cuyas mamás estaban ese rango de edad. “Esto es un tema al que el país debe ponerle atención. Debe mirar qué es lo que está desencadenando esa cifra tan alta”, señaló Espinosa.

De igual forma, las organizaciones mostraron que la tasa de mortalidad infantil nacional (menores de un año) bajó a 17,8%, pero en la población indígena es diez veces ese promedio. También señalaron que se requiere una especial atención a los casi dos millones de niños, niñas y adolescentes que son víctimas del conflicto armado.

 

Precisaron que de los 3, 5 millones de adolescentes que existen en el país, solo el 0,51% ha ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes (SRPA).

 

“Hay argumentos éticos, legales, de proporción, de oportunidad, científicos y de rentabilidad para privilegiar las decisiones que favorecen a la infancia y a la adolescencia”, señaló Espinosa.

 

Por ejemplo, el país cuenta con un bono demográfico. Esto significa que, por un lado, Colombia tiene una población joven que de contar con buenas oportunidades para su desarrollo personal, contribuirá a un mejor desarrollo económico y social del país. Por otro lado, ha disminuido la población infantil y esto permite que se pueda hacer una mayor inversión para superar las brechas.

Además, estudios han demostrado que una buena educación inicial y de preescolar se traduce en un mejor desempeño académico y en mejores ingresos en el futuro, como sucede en Suecia.

 

Propuestas de las campañas

 

La candidata Ramírez señaló la urgente necesidad de mejorar esas precarias condiciones de los niños y adolescentes, y manifestó su preocupación por el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos ilegales. Critica que en el proceso de negociación no se haya puesto como condición la suspensión inmediata del reclutamiento de menores de edad.

“Hay muchos temas que están faltando (en el país), el tema de vinculación de niños y menores, el hecho de que no haya sitios especializados para resocialización y corrección de menores y la ausencia de políticas públicas para fortalecer a las familias (…). Esos diez puntos de los compromisos son los mínimos, creemos que debe haber un máximo para buscar entre todos”, señaló.

 

Por su parte, la candidata López aseguró que entre los planteamientos que tiene ella y su fórmula vicepresidencial se encuentra esta población en primera línea. “Nosotras, como mujeres, soñamos con un país donde ningún niño o niña crezca en pobreza, porque ese es el principal indicador de bienestar de una sociedad”, señaló.

 

Recordó además que durante los ocho años en lo que su partido estuvo en la administración de Bogotá, la ciudad adoptó una política de infancia y adolescencia basada en unos intolerables, la cual se ve reflejada en el Decreto 520 de noviembre de 2011. Además pidió que en los compromisos se amplíe la vacunación del rotavirus y del papiloma humano.

 

Avella mostró preocupación por la falta de eficiencia en el país para atender a los niños y adolescentes. Aseguró que en La Guajira están vendiendo niños y niñas para explotación sexual, y entre la población campesina e indígena de diferentes zonas del país las familias se están muriendo de hambre. “Yo he denunciado varias veces estos hechos y no sucede nada”, afirmó.

 

Finalmente, el Director General de la Campaña de Óscar Iván Zuluaga propuso que las campañas tengan un consenso sobre los diez compromisos, ya que fueron establecidos por organizaciones reconocidas por su trayectoria. Además, que se agregue un compromiso en relación con el consumo de alcohol en los menores de edad, pues tres indicadores que son alarmantes tienen relación con este hecho: embarazo adolescente, accidentes de tránsito y violencia intrafamiliar. “De lejos somos la sociedad, junto con Ucrania, con mayores problemas de inicio temprano en el alcohol”, aseguró.

 

Las campañas recibirán asistencia técnica de las organizaciones que integran la iniciativa Votemos por la Niñez, sobre cómo incluir o priorizar los temas de infancia y adolescencia en sus planes de gobierno, si así lo requieren.

 

 

 

Los compromisos

 

Las organizaciones nacionales e internacionales que conforman la Alianza así como Unicef realizaron un análisis cuidadoso para determinar los retos del próximo mandatario, para ello tuvieron en cuenta las diferencias geográficas, étnicas, de género, ciclo vital, discapacidad e impacto por el conflicto armado. De igual forma, el marco de la Protección Integral establecida en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).

 

Los diez compromisos, cada uno de cuales tienen unas metas mínimas, son:

 

1. Garantizar que cada niño, niña y adolescente del país cuente con una familia y sea cuidado de manera responsable y amorosa.

 

2. Garantizar que cada niño, niña y adolescente del país cuente con acceso a los servicios de salud con calidad y oportunidad, y cuente con una nutrición adecuada.

 

3. Asegurar que cada adolescente cuente con los conocimientos, recursos y servicios amigables para una sexualidad sana y responsable.

 

4. Garantizar que cada niño, niña y adolescente acceda y culmine la educación inicial, básica y media con calidad.

 

5. Promover que cada niño, niña y adolescente ejerza su derecho a la participación en los ámbitos privados y públicos.

 

6. Garantizar que cada niño, niña y adolescente cuente ambientes protectores y mecanismos oportunos de restablecimiento de los derechos vulnerados por situaciones de violencia, abuso, maltrato y explotación.

 

7. Garantizar que cada niño, niña y adolescente víctima del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado cuente con las condiciones que les permitan su reparación integral y la restitución de los derechos.

 

8. Garantizar que cada niño, niña y adolescente en situación de emergencia por fenómenos naturales cuente con la protección y atención prioritaria.

 

9. Garantizar que cada niño, niña y adolescente en situación de pobreza y pobreza extrema y en contexto de ruralidad mejore sus condiciones de vida.

 

10. Para lo anterior el Estado debe definir que la niñez y la adolescencia son una prioridad de la política social y económica en todos los niveles de la gestión pública.