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Conflicto armado y crimen organizado no dan tregua a niñas de América Latina
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‘Con el seminario podremos identificar las principales respuestas frente a las violencias contra las niñas de la región’

GloriaRedlamyc

Tener la oportunidad de hacer visible la perspectiva regional de violencias contra las niñas y niñas adolescentes para identificar lo común y lo diferencial, y de esa manera precisar respuestas conjuntas e individuales, es una de las posibilidades que ofrece el III Seminario Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Infancia, según la secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana, Gloria Carvalho. El evento se realizará en Bogotá.

El martes, 9 de abril, Colombia será sede de un evento de la mayor trascendencia para niñas, niños y adolescentes de América Latina, en el que la Alianza por la Niñez Colombiana está ejerciendo la coordinación y organización. Se trata del III Seminario Pensamiento Latinoamericano sobre Derechos de la Infancia: “Desafíos y respuestas frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado”, convocado por REDLAMYC (Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes) en el marco de  #TejiendoRedesInfancia, proyecto co financiado por la Unión Europea.

La Alianza forma parte de REDLAMYC desde la conformación de la misma, en el año 2003, aproximadamente. El objetivo de pertenecer a la red fue tener información de última mano sobre temas de interés relativos a niñez; oportunidad de articularse alrededor de asuntos de interés generales en la región latinoamericana (inversión pública en niñez; sistemas nacionales de promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes, denominados SIPPINA; eliminación del castigo físico y humillante y las migraciones) y compartir y construir conocimiento sobre temas críticos relativos a niñez, para tener así una perspectiva de la situación latinoamericana.

“Queríamos fortalecer competencias en temas específicos, llevar a cabo proyectos articulados subregional o regionalmente, establecer vínculos directos como red con instancias del Sistema de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de conocer y utilizar los mecanismos y herramientas que ofrece el derecho. Contar con respaldo técnico y apoyo para procesos de incidencia política”, explica Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza.

Carvalho cuenta esta historia para dar contexto al importante encuentro que se dará en Bogotá, en el que participarán expertos de la región. Se reunirán para identificar los desafíos que tiene América Latina y el Caribe en materia de violencias contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado. Entre los participantes están: Daniel Claverie, consultor del Área de Promoción y Protección de Derechos del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la Organización de los Estados Americanos; Wilmer Marel Vásquez Florentín, representante de la Coordinadora de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes y sus Derechos (Coiproden) de Honduras; Alicia Vargas, vicepresidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de REDLAMYC, y Lyda Guarín Martínez, representante regional de Protección Infantil en Save the Children International.

De manera virtual, Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, y Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, harán parte de la conferencia magistral sobre “Violencia contra las niñas en escenarios de guerra y crimen organizado, situación e implicaciones para su desarrollo y el de la sociedad”.

¿Qué significa para Colombia ser sede del seminario?

Poder mostrar más de cerca a las coaliciones de los otros 18 países, el contexto y particularidades de los tipos de violencias del que son objeto nuestras niñas y niñas adolescentes. De igual forma, poder hacer visible la presencia y actividad de REDLAMYC como la red más grande que existe de defensa de derechos de niñez y adolescencia y del potencial que como sociedad civil se tiene para incidir en las problemáticas que nos atañen. Así mismo, tener la oportunidad de hacer visible la perspectiva regional de violencias contra las niñas y niñas adolescentes, identificando lo común y diferencial y la necesidad de precisar respuestas conjuntas e individuales según los contextos. Afianzar vínculos para un trabajo cooperativo entre distintos sectores a nivel nacional y regional.

¿Qué se espera del seminario?

El objetivo general es generar un espacio público de reflexión entre representantes de la sociedad civil, organismos internacionales, agencias gubernamentales, personas expertas en derechos de la infancia y la adolescencia y niñas, niños y adolescentes, para identificar los principales desafíos y hallazgos para la lucha contra todas las formas de violencia ejercidas en contra de la niñez, especialmente en las niñas en el marco del conflicto armado y en escenarios de crimen organizado.

¿Qué es un Sistema de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes?

En concordancia con la Observación No 5 del Comité de los Derechos del Niño (CDN), sobre las medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y desde los procesos que frente al tema vienen realizando en la región Plan Internacional, Save the Children, Unicef y World Vision, Unicef ha recogido en su documento Hacia una medición de los sistemas de protección de la niñez en América Latina y el Caribe: herramienta de indicadores, la siguiente definición de sistema de protección integral de la niñez del estudio de Unicef-Cepal:
“…se entiende como sistema de protección integral de la infancia el conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local, orientados a respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de los niños y reparar el daño ante la vulneración de los mismos establecidos por las legislaciones nacionales de infancia.

También se tendrán particularmente en cuenta los mecanismos de relacionamiento entre las instituciones públicas y privadas del país, sus interacciones y complementariedades, en especial describiendo el vínculo entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil”.

Este concepto implica entre otras: niños, familias, comunidades, sociedad civil y gobiernos como parte integral de un sistema de protección; alcance universal y un trato igualitario y equitativo de todos los niños, niñas y adolescentes; intervención articulada y coordinada para asegurar la protección integrada de todos los derechos;  funcionamiento sistémico, integrado, de organizaciones interrelacionadas y modos de protección integrales, inclusivos, sostenibles y bien coordinados.

Es una definición más amplia que no se limita solamente a la protección especial de los casos de violencia, abuso y explotación, sino de la protección integral de la totalidad de los derechos económicos, sociales, culturales y civiles reconocidos por la CDN. La protección especial de los casos de violencia, abuso y explotación se considera un subsistema del sistema de protección integral y no se insiste en los esfuerzos de protección focalizados y fragmentados, según algunas de las problemáticas o situaciones usuales de mayor vulnerabilidad de la niñez.
De acuerdo con el planteamiento del Consorcio Unicef, PLAN, Save y World Vision los Sistemas de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA) estos deben contar con:

  • Leyes y políticas que protegen a la infancia del abuso, el abandono, la explotación y la violencia y responden al interés superior de los niños cuando las violaciones ocurren.
  • Un mecanismo de coordinación del gobierno central para la protección de la infancia que reúne a distintos departamentos y diferentes niveles del gobierno central, provincial y local y a la sociedad civil.
  • Regulación y seguimiento efectivos, a todos los niveles, de las normas de protección de la infancia, por ejemplo, en instituciones de atención a la infancia y en colegios.
  • Un personal comprometido, con competencias y obligaciones pertinentes.

¿Qué información tiene la Alianza sobre las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado?

Del informe de la Alianza “Niñez, víctima de un conflicto armado que aún persiste”  (2018) podemos retomar algunos datos:

Las violencias contra las niñas y niñas adolescentes son las mayores vulneraciones en el marco de la problemática del que son objeto las niñas, niños y adolescentes víctimas de situación de conflicto armado.

El desplazamiento forzado exacerba la violencia sexual, el embarazo temprano y la reproducción de las condiciones de pobreza y exclusión de las mujeres. El promedio total de embarazos tempranos entre los 12 y 17 años ascendió a 31,4% para las mujeres en situación de desplazamiento (Defensoría del Pueblo, 2008).

Según estudio Campaña Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra, 2017,  un total de 875.437 mujeres, adolescentes y niñas fueron víctimas de algún tipo de violencia sexual en 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla y paramilitares o BACRIM, en el periodo de 2010 a 2015. Lo que implica una prevalencia de 18,36%, un promedio anual de 145.906 mujeres, niñas y niñas adolescentes (12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora). En el 22,8% de esos casos el agresor utilizó intimidación con arma: 51% de fuego, 36% arma blanca y 8,8% arma contundente. Los resultados evidenciaron así relación entre militarismo, armamentismo y violencia sexual en contextos donde predominan las masculinidades hegemónicas con presencia de actores armados y uso de armas tanto en lo público como en lo privado.

Según el pronunciamiento de la Corte Constitucional, la violencia sexual contra mujeres y niñas ha sido usada de forma sistemática como un arma de guerra en el marco del conflicto armado. El control simbólico de un territorio y su población se da en parte mediante el control físico de las mujeres (retención, violación, prostitución y explotación sexual de niños y niñas). Por lo general, la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres a guardar silencio y a no denunciar estas prácticas atroces e invisibles de la guerra (Hurtado, Cristina, 2005).

Por otro lado, según datos más recientes del Registro Único de Víctimas (RUV) con corte a 1 de febrero de 2019, de 2.348.540 niños, niñas y adolescentes, incluidos por diversos hechos victimizantes, 2.317.397 (98,6%) son víctimas de desplazamiento, y de estas 1.041.993 (45%) son niñas y niñas adolescentes (Fundación PLAN, 2019, repositorio de datos, Datos sobre situación del conflicto armado en Colombia. Con fecha de corte: 01/02/2019).

A la misma fecha, según la Red Nacional de Información –RNI – se han registrado 8.405.614 personas víctimas del conflicto armado, el desplazamiento como principal hecho victimizante ha dejado 7.457.949 víctimas. Del total de víctimas del conflicto armado, 4.205.808 (50%) son mujeres. Del total 2.201.601(26%) son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, de estos 1.070.095 (48,6%) son niñas (Cálculo efectuado a partir de datos de Fundación PLAN (2019) repositorio de datos. Datos sobre situación del conflicto armado en Colombia. Con fecha de corte: 01/02/2019).

Hecho victimizante

No. niñas/niñas adolesc. Hecho victimizante No. niñas/niñas adolesc. Hecho victimizante No. niñas/niñas adolesc.
Desplazamiento 1.056.909 Amenaza 39.096 Homicidios 15.096
Actos terroristas/atentados 4630 Otros 4114 Desaparición forzada 2612
Pérdida de bienes 1796 Abandono o despojo 841 Delitos contra libertad e integridad sexual 818
Minas antipersonal/artefacto explosivo 410 Secuestro 260 Tortura 135
Vinculación de niñas 117

¿Qué desafíos tiene Colombia y qué respuesta puede dar frente a la violencia contra las niñas en escenarios de conflicto armado y crimen organizado, desde el punto de vista de la Alianza?

Los desafíos que enfrenta el país son de corto, mediano y largo plazo, y a distintos niveles, los cuales tocan de un lado con causales estructurales generales de índole política, económica, social y cultural que están a la base de la enorme inequidad social del país como uno de los elementos para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado. Y de otro, con desafíos estructurales y funcionales del sistema nacional de protección integral a la niñez, para la promoción, prevención y restitución de derechos de las niñas y niñas adolescentes víctimas del conflicto armado y del crimen organizado.

Están pendientes por cumplir, por parte del Estado, las recomendaciones generales planteadas por el Comité de Derechos del Niño en 2015. A esas se suman los desafíos señalados por organizaciones de la sociedad civil frente a la niñez víctima del conflicto armado, cuyas víctimas más afectadas son las niñas y niñas adolescentes, y las sugerencias que al respecto plantearon en su análisis y que cobija tanto a niñas, niñas adolescentes como a niños y adolescentes.

Algunos de los retos puestos de relieve son:

  • Persistencia del conflicto armado por la reconfiguración de los actores armados ilegales que buscan ejercer control sobre los territorios y las grandes rentas de economías ilegales (cultivos ilícitos, minería ilegal, contrabando, producción y comercialización de narcóticos y trata de personas, entre otros).
  • Dramático empeoramiento de la calidad de vida de la niñez y adolescencia, particularmente de las niñas y niñas adolescentes víctimas de desplazamiento forzado, pertenecientes a grupos étnicamente diferenciados, así como de los menores de edad continuamente victimizados por el accionar de grupos armados ilegales y también por la fuerza pública.
  • Patrones culturales y tolerancia social hacia normas y patrones culturales machistas que validan la situación de inferioridad de mujeres, niñas y niños, así como los prejuicios culturales en torno al género y a la masculinidad.
  • Insuficiente conocimiento aplicado de los derechos de la niñez y del enfoque diferencial por parte de servidores públicos y contratistas en los ámbitos nacional, departamental y municipal.
  • Histórica debilidad o ausencia de las instituciones sociales del Estado en territorios continuamente victimizados.
  • Brecha enorme entre lo normativo y las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes víctimas (a pesar del alto subregistro de hechos victimizantes).
  • Respuesta interinstitucional e intersectorial insuficiente y desarticulada.

Y algunas de sus sugerencias son:

  • Adelantar la reforma de la Ley de Víctimas, extender su vigencia e incluir lo pactado en el Acuerdo Final con las FARC-EP, priorizando a la niñez víctima.
    Imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos que incumplan con la garantía prioritaria de los derechos de la niñez y adolescencia víctima.
  • Fortalecer la integridad, confiabilidad, desagregación, oportunidad e interoperabilidad de los datos que manejan las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) en un solo sistema de información.
    Incrementar el presupuesto para las víctimas, la capacidad técnica y operativa de la UARIV.
  • Solicitar a los organismos de control encargados del seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y el Acuerdo Final con las FARC-EP que elaboren informes diferenciales de seguimiento al goce efectivo de derechos de la niñez víctima del conflicto armado.
  • Desplegar estrategias de comunicación, sensibilización y pedagogía social dirigidas a la sociedad en general y a servidores públicos en particular, sobre los derechos de la infancia y la adolescencia y el impacto diferencial y desproporcionado del conflicto armado en la niñez víctima,
  • Incrementar los recursos y capacidades técnicas de los Comités de Justicia Transicional y mesas de participación para asegurar la efectiva participación de la niñez víctima en los escenarios territoriales y nacionales de planeación, consulta, toma de decisiones y rendición pública de cuentas sobre los asuntos que les afectan ahora y los que afectarán su futuro.
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